Poco después de las 15.30 terminó la audiencia en el despacho del fiscal Fernando Castro. Cejas, custodio de una empresa transportadora de caudales, se negó a prestar declaración y fue devuelto a Batán.
Con un pantalón corto de fútbol, zapatillas blancas sin cordones y encapuchada su cabeza con un buzo, Sergio Alejandro Cejas (35) fue trasladado esta tarde hasta el despacho del fiscal Fernando Castro donde se negó a declarar en el marco de la causa que investiga lo que está a la vista y plagado de pruebas en su contra: el asesinato de su ex pareja, la oficial de la Policía Local, Gisele Varela (33).
Cejas, sumergido en un estado de notoria depresión –fue solicitada con prontitud asistencia psiquiátrica-, se presentó ante Castro y optó por no declarar, a partir de lo aconsejado por el defensor oficial Ricardo Mendoza.
La audiencia estaba prevista para las 11 pero debido a la propia actividad judicial se postergó hasta las 15 cuando finalmente se desarrolló con brevedad. Castro notificó a Cejas sobre el tenor de los delitos que se le imputan y luego le informó que se iban a efectuar distintas diligencias, como el peritaje químico sobre las ropas que le secuestraron al ser detenido ayer en Miramar, la intervención de peritos balísticos para cotejar vainas y proyectiles recuperados con el arma reglamentaria de Varela.
Una vez concluido el encuentro en el segundo piso del edificio de Tribunales, Cejas fue trasladado nuevamente a la cárcel de Batán, en cuya Alcaidía Penitenciaria (Unidad N°44) permanecerá mientras dure el proceso. Por su actitud inicial de escapar y porque le espera, si se lo encuentra responsable, una condena perpetua, Cejas ya no podrá salir.
Al mismo tiempo se conocieron nuevos detalles de la secuencia que terminó en el ataque de Cejas contra Varela, una mujer policía de 33 años, madre de una niña, con la cual mantenía desde hacía algún tiempo una relación afectada por la violencia. En ese sentido, se supo que en el mes de agosto pasado la mujer interpuso una denuncia por amenazas y lesiones por un episodio ocurrido en el edificio donde ella vivía, en Alberti al 1500.
A raíz de esos hechos, Cejas fue detenido y la Justicia de Familia dispuso una restricción de acercamiento hasta el 1 de abril de 2019. Sin embargo, la mujer policía se presentó nuevamente para desistir de la acción penal, aunque la prohibición de acercamiento se mantuvo.
Entre ambos pareció fluir mejor la relación al punto que el 24 de diciembre, en Navidad, lo pasaron juntos. Pero esa noche hubo un nuevo incidente, esta vez denunciado por Cejas. El hombre dijo que Gisel Varela le había robado el teléfono y que le había cambiado no solo las claves de sus perfiles en redes sociales sino también las de acceso a sus cuentas bancarias.
Los días siguientes son los que ahora investiga el fiscal Castro solo para obtener robustez en el contexto de esta historia, ya que la prueba en contra de Cejas es contundente.
Por lo pronto, a Cejas se lo vio con Varela en la parada de colectivos de Alberti casi Las Heras –las cámaras de seguridad hicieron un gran aporte-; tras las detonaciones se lo vio escapar en su vehículo; los testigos lo describieron con la misma vestimenta que horas después llevaba en Miramar cuando lo detuvieron; el llamado que hizo a su hermana confesando el crimen; en su automóvil estaba el arma reglamentaria de Varela. Además faltan los peritajes químicos y balísticos, los que se cree que agregarán más pruebas incriminatorias.
En la tarde del martes Cejas fue enviado al penal de Batán por primera vez pero no lo aceptaron porque presentaba una lesión en la cintura que no estaba declarada en el informe del médico de policía. Conocidas las características del caso y la condición de policía de la víctima, las autoridades del penal no lo aceptaron y pidieron un nuevo informe. Finalmente se realizó y horas después pudo entrar en Batán.
A Cejas, custodio de una empresa transportadora de caudales, les espera un proceso que tal vez no sea demasiado largo. Es un caso esclarecido de antemano, aunque existen formalismos judiciales que son necesarios por la propia garantía sobre el acusado. Se lo acusa de homicidio agravado por el uso de arma y por el contexto de violencia de género, con una única pena prevista de prisión perpetua.